TEMA 3. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS.

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TEMA 3. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS.

INTRODUCCIÓN.

Desde el punto de vista económico la Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso la destrucción total de la economía del país, agravando la crisis de la Hacienda desde Carlos IV (1788-1808). Todo ello provocó un atraso económico que será un lastre durante todo el siglo XIX y que supondrá el fracaso de la revolución industrial en España y las dificultades para implantar el capitalismo.

También se sufrió la pérdida del imperio en América durante el reinado de Fernando VII (1814-1833), manteniéndose una economía de subsistencia más propia del Antiguo Régimen.

Con la llegada del Estado Liberal durante la regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1840) se debatiría en el Congreso si adoptar el librecambismo (progresistas) o el proteccionismo (moderados) como política económica.

En este sentido, Espartero (1840-1843), llevaría a cabo una reforma arancelaria en 1841, a favor del librecomercio.

Con reformas como la fiscal y hacendística de Alejandro Mon, ministro de Hacienda del Gobierno de Narváez, en 1845, la de Santillán estableciendo una contribución directa o el impuesto de Consumos, los recursos del Estado comenzaron a crecer y la Administración pudo lanzarse a nuevas empresas.

Similar proceso de simplificación sufrió el sistema monetario español ya que la moneda patrón pasó a de ser el Real a la Peseta, oficialmente aceptada por Laureano Figuerola en 1868.

PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN.

En esencia, la desamortización decimonónica consistió en la incautación o apropiación por parte del Estado, mediante compensación económica, de bienes raíces pertenecientes en su gran mayoría a la Iglesia y a los municipios. Estos bienes incautados - nacionalizados - fueron vendidos posteriormente en subasta pública y constituyeron una parte importante de los ingresos de la Hacienda española.

En España, existía una gran masa de bienes en poder de “manos muertas”, como las tierras extra-comercium, cuyo titular, el clero, por definición, no podía ni cultivarlas ni venderlas y sólo cobraban rentas. A ellos se unirán las tierras de los municipios, que se consideraban bajo la potestad real y eran llamados Propios, Comunes y Baldíos.

Curiosamente, uno de los aspectos a tener en cuenta será la no entrada en subasta de tierras vinculadas a la nobleza, es decir, los Mayorazgos, beneficiándose éstos, al decantarse más por un tinte anticlerical y no de cambio social.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Su denuncia ya había aparecido en los pensadores arbitristas del siglo XVII como Cellorigo o Moncada. A partir de Carlos III (1759-1788) encontramos en España un impulso de reforma agraria motivada por las Sociedades Económicas de Amigos del País, por políticos como Aranda, Campomanes y Floridablanca y por las ideas de ilustrados como Pablo de Olavide o Jovellanos con su Expediente sobre la Ley Agraria en 1787.

Los apuros económicos de Carlos IV (1788-1808) y del gobierno de su valido Godoy, provocaron las primeras expropiaciones de bienes de la Iglesia en 1798, continuadas durante el reinado de José I Bonaparte (1808-1813) y posteriormente con las Cortes de Cádiz, elaborando un decreto desamortizador en 1813 paralizado con la vuelta de Fernando VII en mayo de 1814, dando comienzo al sexenio absolutista (1814-1820).

Aunque entró de nuevo en vigor durante el Trienio Liberal (1820-1823) volvió a ser frenado por el monarca iniciando así la década ominosa (1823-1833).

La desamortización de Mendizábal.

Juan Álvarez Mendizábal (su verdadero nombre era Juan Álvarez Méndez) nació en Cádiz en 1790 en una familia dedicada al comercio de trapos. Muy joven empezó a trabajar como empleado de banca. Participó en la Guerra de la Independencia y estando identificado con las ideas liberales, fue miembro de la logia masónica de Cádiz.

Durante el reinado de Fernando VII apoyó financieramente el levantamiento de Rafael Riego en 1820 lo que le valió el exilio. A su regreso a España, se integró en el Partido Progresista en el contexto de la “revolución de 1835” (formación de Juntas locales ayudados por la Milicia Nacional, asaltos a conventos, disolución de la Compañía de Jesús, incendio de la fábrica Bonaplata de Barcelona, etc). En junio de ese año fue nombrado ministro de Hacienda en el gobierno de José María Queipo de Llano, conde de Toreno, y en septiembre, por presión del embajador británico G. Villiers, Conde de Clarendon ante la regente, María Cristina de Nápoles, se hizo cargo de forma interina de la presidencia del gobierno, conservando la cartera de Hacienda hasta mayo de 1836.

Primera ley desamortizadora

La primera preocupación de Mendizábal era la deuda pública, que había alcanzado proporciones gigantescas y en marzo de 1836 aprobó la venta de bienes raíces que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas, y la supresión de institutos monásticos, lo que supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, dirigido por el papa Gregorio XVI.

En el decreto se anunciaba que la venta debería hacerse mediante subasta pública, partiendo de una tasación oficial, a partir de la cual los posibles adquirientes pujarían por ellas, adjudicándoselas a aquellos que ofrecieran un precio más alto por ellas.

El decreto regulaba también la forma en que debería hacerse el pago, estableciendo dos procedimientos diferentes, uno para aquellos que lo hiciesen en JUROS o títulos de la deuda pública, y otro para los que lo efectuasen en dinero en metálico.

El Estado rescataba también de esta forma la deuda que tenía pendiente con estos particulares, pero, sin duda, no era éste el medio que prefería, ya que sus necesidades más urgentes tenía que satisfacerlas mediante dinero contante y sonante. Por ello, se les ofrecían más facilidades a estos últimos, pagando la quinta parte al principio y el resto en un plazo de dieciséis años.

Mendizábal promovió esta desamortización eclesiástica persiguiendo un triple propósito:

• 1º sanear la Hacienda y costear la guerra carlista,
• 2º acabar con el clero que apoyaba al carlismo y
• 3º crear una copiosa familia de pequeños y medianos propietarios adictos al régimen liberal.

Segunda ley desamortizadora

Las esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo que en julio de 1837, en tiempos de Calatrava como presidente, promulgó una segunda ley desamortizadora, concebida más bien como una reforma tributaria.

En ella se suprimía el diezmo (principal componente de las rentas eclesiásticas) y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los del clero secular. Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula, pues la enajenación no debía comenzar hasta 1840, y en este año fue derogado el artículo en el gobierno moderado de Modesto Cortázar.

En general, sus resultados fueron decepcionantes ya que no se logró reducir la deuda pública, y el liberalismo se granjeó enemigos entre los católicos. A su vez, un amplio sector del campesinado se hizo antiliberal y al vender las tierras en manos muertas en subastas abiertas, no siempre pasó a miembros adictos a su causa, sino que afianzó el grupo moderado y conservador.

La posterior Ley de 1841, puesta en marcha durante la Regencia del general progresista Baldomero Espartero (1840-1843), nacionalizaba de nuevo los bienes del clero secular, pero sin embargo, el regreso del partido moderado al poder en 1844 hizo que las ventas quedasen suspendidas.

La desamortización de Madoz.

Las circunstancias políticas eran distintas a las de 1836, pues no había guerra carlista, y los presupuestos se iban cubriendo.

Pascual Madoz, nacido en Pamplona, se vinculó desde muy joven a las ideas liberales participando en la defensa del castillo de Monzón en 1823 contra los “Cien Mil Hijos de San Luis”, por lo que fue encarcelado y. tuvo que exiliarse durante el reinado de Fernando VII. Regresó de Francia gracias a la amnistía política de 1832 decretada por la regente Mª Cristina y una vez instalado en España se dedicó al mundo del Derecho siendo abogado y juez hasta 1836, cuando inició su carrera política como diputado por Lérida.

La revolución de “la Vicalvarada” que propició el bienio progresista (1854-1856) hizo que Pascual Madoz fuera nombrado gobernador de Barcelona y en 1855 ocuparía el ministerio de Hacienda en el Gobierno de Espartero, encargándose continuar la ley de desamortización.

La ley de 1 de mayo de 1855 afectaba de nuevo a bienes pertenecientes al clero, lo cual serviría para agravar las tensiones entre el Estado español y la Santa Sede, que se habían reavivado con motivo de la discusión en torno a la libertad religiosa para elaborar el nuevo proyecto de Constitución “nonnata” de 1856. La ley pretendía declarar en venta todos los bienes que no lo habían estado antes, es decir, a cofradías, obras pías, santuarios y órdenes militares como Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. Hubo resistencia a esta ley por parte de la reina, que no quiso firmarla por el perjuicio que ocasionaba a la Iglesia. La ley, al infringir lo establecido en el Concordato de 1851, hizo que las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano se enturbiasen llegando a provocar la ruptura con Roma.

Aún así, se la ha llamado “desamortización civil” porque de todos, los que destacaban por su importancia eran los bienes que pertenecían a los Municipios, tanto los que eran propiedad del pueblo en su conjunto -Propios- y con los beneficios que producían revertían en la totalidad de la comunidad, en forma, por ejemplo, de mejoras de infraestructura; los -Comunes-, que siendo también del pueblo podían ser disfrutados personal e individualmente por los vecinos del mismo para llevar el ganado a pastar o para recoger leña para el hogar; como los Baldíos, posesiones que quedaban vacantes, que en algunos casos el Ayuntamiento correspondiente tenía arrendadas a particulares, o, como ocurría en Cádiz, alquiladas para puestos de mercado.

Dicha ley también conllevó unas consecuencias sociales negativas al arrebatarles a los pueblos los únicos medios de financiación que tenían en la mayor parte de los casos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y atender a los gastos de los servicios comunes de educación o sanidad. También dejó a los habitantes más pobres sin la posibilidad de aprovechar esas tierras comunales para mantener su precaria subsistencia.

El importe de las ventas se destinaría a nivelar el presupuesto del Estado, a amortizar la deuda interior, a financiar obras públicas, pero sobre todo sirvió, en gran medida, para subvencionar a las compañías ferroviarias.

El gobierno presidido par Narváez suspendió la ejecución de la ley Madoz en 1856, pero vuelto O'Donnell al gobierno en 1858 con la Unión Liberal (1858-1863) la volvió a restablecer, aunque excluyendo los bienes de la Iglesia.

En la ley de 1860, el gobierno español prometía a la Santa Sede no hacer en adelante más desamortizaciones e igualmente declaraba derogada la ley Madoz.

LOS EFECTOS DE LAS DESAMORTIZACIONES.

Los efectos los podemos clasificar en:

1. Hacendísticos:

La obra desamortizadora estaba en gran parte destinada a remediar el angustioso estado de la Hacienda y el dinero fue afluyendo a las arcas del Estado, no en aluvión, pero sí a cuentagotas.

2. Económcos:

Durante un tiempo, se consideró a la desamortización como el complejo de operaciones económicas más importantes del siglo XIX, hasta la inversión en los ferrocarriles.

A nivel agrario, las desamortizaciones no supusieron una revolución ni un mejor reparto de la propiedad en España, observándose una mayor concentración de las tierras. Según Richard Herr, una ventaja que parece positiva es el aumento de la superficie cultivada, pasando España de importadora de granos, a exportadora.

Lo que si parece muy negativo es el hecho de que ese refugio de inversiones en la tierra supondrá la retracción de capitales en la industria y en el comercio. En este sentido, no fomentaron el espíritu de iniciativa y abundó la especulación.

3. Políticos:

El fin declarado por Mendizábal era la formación de una clase de pequeños y medianos propietarios que se sintieran deudores del liberalismo progresista y apoyasen el nuevo régimen. Lo que no podía esperar era que aquellos nuevos propietarios, dueños de tierras y enemigos de cualquier revolución, iban a hacerse ante todo conservadores y nutrieran el partido moderado.

4. Culturales:

Se ha destacado la pérdida de obras religiosas de un incalculable valor artístico como consecuencia de la desamortización. Otro aspecto a destacar es la práctica desaparición de la función educativa de la Iglesia. Se extinguieron las escuelas conventuales y parroquiales, que impartían enseñanza gratuitamente o por cantidades simbólicas. El resultado fue una tasa de analfabetismo sin precedentes en la época de Isabel II.

5. Sociales:

La finalidad de la desamortización no fue realizar una revolución agraria, pero si una redistribución de la propiedad al estilo francés, persiguiendo el dominio de la tierra por parte de la burguesía. No lo consiguió, en la medida en que fue la antigua nobleza latifundista la que más interés tuvo en seguir invirtiendo y siendo propietaria.

En general se propició unos resultados sociales negativos. El sistema de subastas favorecía a los postores más adinerados, o tenedores de papel de la Deuda. Por lo general, la nueva aristocracia no estaba interesada en el tipo de relación paternalista anterior y expulsó a muchos colonos o subió las rentas o impuso un arrendamiento a corto plazo. Todo esto hizo aumentar de forma espectacular la proletarización del campesino.

CAMBIOS AGRARIOS.

La economía española de principios del siglo XIX seguía siendo predominantemente agraria, ya que los grandes propietarios y las grandes extensiones agrarias, los latifundios, seguían siendo en muchos territorios los sostenedores del régimen económico.

El modelo agrario feudal, más propio del Antiguo Régimen seguía siendo el dominante, con las siguientes características:

• baja productividad por hectárea;
• uso de un utillaje rudimentario;
• nula inversión de capital en la agricultura;
• escaso empleo de abonos de origen biológico;
• producción destinada al autoconsumo;
• cultivos de carácter alimenticio, predominando los cereales como el trigo.

A lo largo de la centuria este modelo entró en crisis debido al aumento de la población española, que llevó a la necesidad de aumentar la producción para su abastecimineto.

Si estudiamos la estructura de la propiedad agrícola en relación con las diferentes clases sociales en el campo, encontramos los siguientes grupos:

• Grandes propietarios no cultivadores, que eran la nobleza, el clero y algunos burgueses (LA “NUEVA ARISTOCRACIA”) que consideraban la tierra como paso hacia el ennoblecimiento, todos ellos vivían de las rentas de las que producían las tierras;
• “Nuevos” propietarios capitalistas, pequeño grupo social de pequeños burgueses que fue el más beneficiado por la desamortización, pero que buscó más el prestigio o la especulación que el aumento de la productividad;
• Pequeños propietarios cultivadores. Con ellos nacía la figura de “el empresario agrícola”, que consideraba su explotación como una fuente de beneficios y de ingresos, por lo que buscaba siempre la máxima rentabilidad. Desgraciadamente, su proporción disminuyó al mismo ritmo que sus ingresos;
• Arrendatarios (que pagaban un alquiler en moneda al propietario) y aparceros (que pagaban en especie) a corto plazo, su número aumentó y su situación empeoró, ya que se les exigía cada vez mayores rentas, también eran comunes los contratos a largo plazo como los censos y foros (arrendamientos de tiempo indefinido) y la rabassa morta (de larga duración); (PERSISTENCIA DE LA ENFITEUSIS)
• Jornaleros, cuyo número fue aumentando y también los problemas para conseguir trabajo, por lo que acabaron emigrando a la ciudad (ÉXODO RURAL).

Estos dos últimos grupos fueron los que nutrieron la industria con mano de obra barata.

La desamortización afectó en un grado muy alto a la agricultura, se vendieron alrededor de diez millones de hectáreas, lo que supone el 20% del territorio nacional y el 40% de la tierra cultivable.

* UN LENTO PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN.

Esta preponderancia y continuidad de un modelo agrario feudal, más propio del Antiguo Régimen condicionó, además de los motivos políticos, un lento proceso de industrialización.

- En este sentido, las condiciones del país para el desarrollo de la industria algodonera catalana no eran buenas, teniendo como grandes inconvenientes la desaparición de la demanda colonial tras la pérdida de las colonias, la exigua demanda interior motivada por la pobreza generalizada y la competencia británica, a pesar de introducirse los primeros telares automáticos llamados selfactinas (el nombre venía de self-acting machine) en los años cuarenta del s.XIX.

- En cuanto a la industria siderúrgica, en una primera etapa su ubicación estuvo en Andalucía, con altos hornos en Málaga, (empresa La Constancia), o en Sevilla (sociedad El Pedroso), en este caso para explotar los yacimientos de hierro de Cazalla de la Sierra. A partir de 1860, la hegemonía andaluza comenzó a declinar ante la competencia asturiana, situada al lado de las cuencas carboníferas de hulla en Mieres y Langreo, hasta acabar situándose en Vizcaya, de donde se exportaba a Inglaterra. Sin embargo, a mediados de la década de 1880 se introdujo el convertidor Bessemer, y poco después los hornos Siemens-Martin, apareciendo las tres grandes empresas que se fusionaron en 1902 formando los Altos Hornos de Vizcaya.

- Hemos de mencionar también la importancia de la Ley de Bases de la Minería en 1868, que abrió las puertas a la expropiación del subsuelo y a la entrada de capital extranjero, como el caso inglés en Rio Tinto.

- La política progresista de 1854-1856 también abriría nuevos campos de inversión para la exigua clase burguesa española con la Ley de Ferrocarriles de 1855, posibilitando también las inversiones de capital, francés especialmente. La primera línea Barcelona-Mataró sería inaugurada en 1848, mientras que la línea Madrid-Aranjuez lo haría en 1851.

La construcción y la explotación de los ferrocarriles se dejó a la iniciativa privada, pero establecía facilidades para su construcción y auxilios por parte del Gobierno para favorecer la rápida construcción de la red. En 1876 la red ascendía a 6.000 km, y en 1895 llegó casi a duplicarse.

- Otras industrias serán la harinera, auxiliar de la agricultura, que tenía un gran tamaño y un mercado muy amplio aunque mostraba un fuerte estancamiento tecnológico; la vitivinícola, repartida por casi toda la geografía peninsular, pero concentrada especialmente en Andalucía y Cataluña como zonas exportadoras, con familias inglesas como Terry o francesas como Domeq; la corchera, localizada en Gerona; la lanera en Sabadell, Tarrasa y Barcelona; la sedera, en Valencia y Murcia; la química y del gas en Barcelona, que tuvo iluminadas sus calles con gas desde 1826 y la mecánica y metalúrgica, que producía maquinaria para otras industrias (naval y ferroviaria) pero que su importancia económica durante este siglo fue muy reducida.

CONCLUSIÓN.

- A nivel económico, se puede afirmar que la producción agrícola aumentó en el siglo XIX, pero aumentó por la ampliación de la tierra cultivada más que por el aumento de la productividad, a causa del estancamiento tecnológico. Esta agricultura decimonónica estaba dividida entre un sector relativamente moderno y exportador integrado por la vid, el cultivo de la naranja y los frutos secos, y un sector de subsistencia claramente deficitario, que era el cerealista.

El impacto del ferrocarril en la economía española fue muy grande, por un lado como consumidor e impulsor de la industria metalúrgica, hullera, maderera o la específica de material ferroviario; y por otro lado, como productor de una nueva oferta de transporte de mercancías que rápidamente se revelará sin competencia y dinamizará el comercio interior, y de pasajeros, conectando muchas zonas del país.

El porcentaje de población ocupada en el sector primario en el siglo XIX era todavía del 64%, el sector secundario se situaba en torno al 18-20%, mientras que el terciario fue aumentando en las últimas décadas del siglo debido a los tímidos comienzos del turismo.

- A nivel social, los decretos de las Cortes de Cádiz en 1812 acabaron con los privilegios estamentales y comenzaron a establecer una cierta igualdad jurídica, que se consolidaría años más tarde.

Se calcula para 1834 una población de unos 16 millones de españoles, un aumento debido al aumento de la natalidad, al descenso de la mortalidad y a la disminución de la emigración al continente americano.

Aunque la tasa de urbanización todavía era muy baja, en torno a un 20%, también se inició en esta época una remodelación urbana, con planes de ensanche como el de Cerdá en Barcelona, para acoger a la población por el éxodo rural debido a las transformaciones de la propiedad agraria y el inicio de la industrialización.

En la estructura de la sociedad, el clero seguía teniendo un importante status y la nobleza continuaba manteniendo un halo de prestigio con la posesión de riquezas, pero la desamortización dio lugar a una burguesía terrateniente que formaría también parte de la nueva aristocracia. Existía también, aunque en menor medida, una burguesía de negocios en la industria, el ferrocarril y comercio. Las clases medias eran intelectuales, funcionarios, médicos, abogados, políticos, periodistas o militares. Entre estos últimos, a partir de 1860, con la guerra de África, apareció la diferenciación entre africanistas y peninsulares.

La desamortización afectó al campesinado, que viviría condiciones miserables y cuyas tensiones desembocaron en la quema de cosechas, bandolerismo y ocupación de fincas. Del mismo modo, la situación del obrero no era mejor ya que la desaparición del artesano y del régimen gremial dio paso al sistema capitalista donde la fábrica sustituía al viejo taller. Este nuevo proletariado no era todavía muy numeroso y se hacinaba en barrios periféricos donde aparecían disturbios. Las primeras acciones sindicales aparecieron en Barcelona en 1835, en 1840 se fundó el primer sindicato: Sociedad de Tejedores, inmediatamente prohibido. A partir de 1850 se intensificó el movimiento asociacionista y en 1854 se produjo la primera huelga general reprimida por el ejército, lo cual provocó varios obreros muertos. En 1869, llegaría a Barcelona G. Fanelli, uno de los artífices de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) por lo que se introduciría el anarquismo en nuestro país.

- A nivel cultural, durante el reinado de Carlos IV, los años que giran en torno a la Revolución francesa son de censura de las ideas revolucionarias por lo que la prensa quedó reducida a muy pocas publicaciones como la Gaceta de Madrid o el Diario de Barcelona, teniendo limitadas sus opiniones políticas.

Pasada la guerra, Fernando VII mantiene la censura, no solo sobre la publicación de libros y periódicos, sino también de las Universidades, de las Reales Academias y de las Sociedades Económicas, rota solo por las Cortes de Cádiz, al proclamar de nuevo la libertad, y por el Trienio liberal de 1820-23.

El mecenazgo de las artes pasó de la iglesia y de la nobleza al Estado, algo propio del liberalismo burgués que emergía, como la creación del Museo del Prado en 1819, o el Museo Arqueológico Nacional en 1867.

Junto al Neoclasicismo, desde principios del siglo XIX se introduce en España el Romanticismo, movimiento cultural que reacciona contra el racionalismo y el clasicismo ilustrado. Este movimiento, que busca la libertad y que da prioridad a los sentimientos frente a la razón, a la originalidad frente a la tradición, subjetivo e individualista, estará representado por periodistas como Mariano José de Larra, literatos como Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla o Rosalía de Castro; dramaturgos como Bretón de los Herreros; escritores costumbristas como Ramón de Mesonero Romanos y políticos como Martínez de la Rosa y el Duque de Rivas.

La relación del Romanticismo con el nacionalismo lleva a Cataluña a recuperar su memoria nacional, en la “Renaixença”, el primer paso de una toma de conciencia cultural que se convertirá en política en los años ochenta.

El Realismo y el Naturalismo apreciados en algunas obras pictóricas y literarias se desarrollarán con mayor intensidad a finales del siglo XIX.

Durante el reinado de Isabel II, las reformas políticas liberales permiten la libertad de expresión y fomentan la expansión cultural. La aparición, en 1835, del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, institución liberal basada en la crítica y el debate individual frente a la cultura tutelada del Antiguo Régimen, es un buen ejemplo de ello. En 1836 se inaugura el Liceo de Barcelona.

En el mundo de la propaganda política destacarán La Flaca, revista liberal y satírica, de tendencia política republicana y federal, publicada en Barcelona entre 1869 y 1876, teniendo como réplica La Gorda, publicada en Madrid, de carácter bastante antiliberal o si se prefiere de un estilo más conservador, que surgió para competir con esta.

También los cambios se perciben en la enseñanza, reanudándose los estudios en las universidades. La Universidad Complutense de Alcalá de Henares se traslada a Madrid como Universidad Central en 1836.

Por estos años se empieza a gestar la idea de hacer Escuelas Públicas tanto de Instrucción Primaria Elemental como de Enseñanza Secundaria, destinadas a formar el carácter del ciudadano. La Ley Moyano, de 1857, consagró el sistema de enseñanza liberal bajo el control del Estado.

Las ideas krausistas de renovar la enseñanza y dotar de una educación integral al individuo, presentes desde 1850, se materializan en 1866 con la fundación del Colegio Internacional, impulsado por Nicolás Salmerón, que anticipa la posterior Institución Libre de Enseñanza en 1876.